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El Ayuntamiento de Castellón se ha visto obligado a devolver hasta la fecha, más de 1,6 millones cobrados indebidamente por el impuesto de Plusvalía
Redondo: "Con la crisis que arrastramos el equipo de gobierno no ha renunciado a su afán recaudatorio cuando lo que toca es bajar impuestos."
Gabinete de prensa del GMP Ayto. CS | 03-05-2022
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Cabe recordar que el PP votó a favor de la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, la Plusvalía, porque el Ayuntamiento de Castellón debe adaptar esta ordenanza a la normativa vigente.
El concejal del Partido Popular Juan Carlos Redondo afea a la alcaldesa Amparo Marco que su gobierno lleve devuelto 1.647.667 euros cobrados indebidamente por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, la Plusvalía, correspondiente a los años 2020, 2021 y lo que llevamos de 2022, sumándose también el acumulado correspondiente a 2017.
"Por el empeño del equipo de gobierno de no querer admitir las solicitudes y preferir ir a juicio, acaban perdiendo todos los pleitos. Ayer mismo pasó por Comisión Informativa la estimación de la solicitud de una familia a la que había resultado favorable la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 y, en consecuencia éste obligaba al Ayuntamiento a devolverles las cuotas satisfechas por autoliquidaciones del impuesto de la Plusvalía más los intereses de demora correspondientes, que en total asciende a 23.336 euros", explica el concejal Popular Juan Carlos Redondo.
"Es una gestión que resulta muy cara a los castellonenses, porque supone un coste adicional que acabamos pagando todos, ya que todas las sentencias recogen una condena al pago de intereses, además de la pérdida de tiempo que supone para los asesores jurídicos del Ayuntamiento", añade.
"Además, por el empeño del equipo de gobierno de no querer ceder y preferir ir a juicio, acaban perdiendo todos los pleitos. Ayer conocimos que una sentencia judicial obliga por este motivo a indemnizar a una familia con 23.336 euros. Una gestión que resulta muy cara a los castellonenses, porque supone un coste adicional que acabamos pagando todos, ya que todas las sentencias recogen, además, una condena al pago de intereses, además de la pérdida de tiempo que supone para los asesores jurídicos del Ayuntamiento"
Si bien en el 2020 las devoluciones por el impuesto indebidamente cobrado de la Plusvalía ascendieron a 394.974 euros y las del 2021 a 1.056.051 euros, en el año 2022 son 173.641 euros, a los que hay que sumar 23.000 euros del acumulado en 2017, por sentencia judicial. "No sabemos cuántos castellonenses más, se habrán visto obligados a acudir a la vía judicial tras la negativa del equipo de gobierno a admitir las solicitudes de devolución presentadas", apunta.
Redondo insiste: "Con la crisis que arrastramos desde hace dos años el equipo de gobierno no ha renunciado su afán recaudatorio para seguir friendo a elevados impuestos a los vecinos cuando lo que toca es bajarlos. Se vieron obligados a adaptar la ordenanza municipal a la normativa vigente como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el cálculo de la base imponible del impuesto de la Plusvalía, eso sí, haciéndolo después de emitirse un informe desfavorable del Tribunal Económico Administrativo Municipal que hacía constar que la nueva ordenanza no recogía las dos formas posible de cálculo de la base imponible y, por lo tanto, negando la posibilidad de elección más favorable para el contribuyente", añade.
"Con la crisis que arrastramos el equipo de gobierno no ha renunciado a su afán recaudatorio cuando lo que toca es bajar impuestos. Se vieron obligados a adaptar la ordenanza municipal a la normativa vigente como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el cálculo de la base imponible del impuesto de la Plusvalía, eso sí, haciéndolo después de emitirse un informe desfavorable del Tribunal Económico Administrativo Municipal que hacía constar la falta de las dos formas de cálculo de la base imponible y, por lo tanto, negando la posibilidad de elección más favorable para el contribuyente"
Cabe recordar que el Partido Popular votó a favor de la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, la Plusvalía, porque el Ayuntamiento de Castellón debe adaptar esta ordenanza a la normativa vigente. Ésta no es otra que el RDL 26/2021 del pasado mes de noviembre. "Y que esto sirva para detener el goteo de sentencias condenatorias a este Ayuntamiento emitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en las que se obliga a la devolución de los impuestos indebidamente cobrados", concluye Redondo.
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