Pradas reivindica el plan de bajada de impuestos de Mazón para garantizar un IRPF ajustado a las rentas, incentivar la actividad económica y generar liquidez con los bonos consumo que en Castellón el PSOE niega

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La portavoz provincial y senadora del PPCS, Salomé Pradas, defiende el modelo fiscal de Carlos Mazón, presidente regional del PPCV, como solución al incremento de la inflación que en Castellón vuelve a pulverizar los registros del ámbito nacional.

Si en enero se situaba en un 6,4% frente al 5,9% de la media nacional, en el mes de febrero se ha situado en un 6,6% manteniendo al alza el registro y superando de nuevo la media nacional, cifrada para febrero en un 6%.

Para Pradas, "es evidente que hay una alternativa al castigo fiscal que sufren las familias y que sufren las empresas". "El PSOE ha convertido en un lujo hacer la compra incrementando hasta un 17% el coste de los alimentos básicos". "Y esta circunstancia es un ataque directo a las economías domésticas y resiente duramente la economía afectando también a las empresas".

Para Pradas, "hay una solución a un escenario que cada vez resulta más asfixiante, y la hay de la mano del modelo fiscal que Carlos Mazón defiende y que reivindica un IRPF ajustado a las rentas, la suspensión de los impuestos a la muerte, la apuesta por los autónomos ajustando cuotas, en lugar de subirlas, y el apoyo a la economía con los bonos consumo que tan buenos resultados han dado en Alicante pero que el PSOE se niega a ponerlos en marcha en nuestra provincia".

Desde el PP, considera Pradas, "vamos a estar al lado de las familias y vamos a apoyar a las empresas que son motor de oportunidades y desarrollo para nuestra provincia". "Vamos a defender lo doméstico con bonos que engrasen la economía y estaremos al lado de los autónomos y las empresas incentivando su actividad en lugar de atacarla".

Porque la realidad, ha lamentado la portavoz provincial del PPCS, "es que hoy uno de los pilares económicos vertebrales de la economía de Castellón, la cerámica, sigue pendiente de que el Gobierno de España atienda sus alegaciones y apruebe las ayudas máximas de 150 millones de euros por grupo empresarial que establece la UE y que Pedro Sánchez niega".