Carrasco: "Como el SAD hay al menos 16 contratos de grandes empresas que siguen generando facturas irregulares e impagadas. Solo es la punta del iceberg"

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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, denuncia que la alcaldesa Amparo Marco adeuda "al menos 5 millones de euros a proveedores por deficiente gestión de los servicios públicos que se realiza por parte del equipo de gobierno municipal y, en concreto, de los contratos públicos que tienen caducados desde 2017. Estos 5 millones de euros son solo la punta del iceberg. Hay al menos 16 contratos de grandes empresas que siguen generando facturas irregulares e impagadas, además de los contratos caducados de pequeñas y medianas empresas, a las que el gobierno municipal está asfixiando sin pagarles desde diciembre del año pasado. ".

En este sentido Carrasco ha señalado en rueda de prensa, junto al concejal Popular Juan Carlos Redondo, que es del todo "negligente, irresponsable e insensible la gestión de este equipo de gobierno liderado por Amparo Marco que, por no licitar los contratos en tiempo y forma para poder pagar de forma regular, ahora se vaya a producir un hecho sin precedentes en la ciudad y es que las 59 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se han visto obligadas a ir a la huelga, que ya han anunciado para el 5 de agosto, si el equipo de gobierno no paga los 7 meses y casi 800.000 euros que le debe a la empresa adjudicataria. Marco va a dejar sin atender a 209 personas dependientes en nuestra ciudad. Hoy teníamos la esperanza de que en la comisión plenaria a la que nos han convocado de manera extraordinaria se incluyera el pago a esta empresa, pero no ha sido así. Por tanto, no se aprobará en el pleno de mañana la correspondiente liquidación de facturas".

"La socialista Marco está asfixiando a las empresas a las que no paga desde diciembre del año pasado, empresas que sostienen puestos de trabajo en una ciudad con 16.000 parados. Ha abusado del mecanismo que utiliza para pagar facturas fuera de contrato y ahora un informe de la Intervención municipal, advertido por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, le ha parado los pies. Por primera vez se va a producir un hecho sin precedentes, por no licitar los contratos como el del SAD en tiempo y forma, los más vulnerables van a quedarse sin ser atendidos. Si se ha llegado hasta aquí es por la mala gestión del gobierno municipal encabezado por Amparo Marco. Estaban advertidos de la necesidad de regularizar a estas empresas y ahora los castellonenses pagan su mala gestión"

Todo un despropósito porque "El gobierno municipal está asfixiando a las empresas a las que no paga desde diciembre del año pasado, empresas que sostienen puestos de trabajo en una ciudad con 16.000 parados. Han abusado del mecanismo para pagar facturas fuera de contrato y ahora un informe de la Intervención municipal, advertido por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, le ha parado los pies. No se puede seguir utilizando un procedimiento extraordinario de pago para lo que debe pagarse de manera ordinaria. El problema radica en que no se han renovado los contratos caducados, no se hicieron los deberes cuando tocaba y, ahora, los castellonenses pagan las consecuencias", apunta.

Por su parte, Juan Carlos Redondo ha mostrado el informe de la Intervención municipal que saca los colores al gobierno de Amparo Marco, al que le dice textualmente:

"Se han tramitado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al presupuesto obligaciones indebidamente contraídas, principalmente, por haberse adquirido sin ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

"Se tramitan expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos sistemáticamente, por lo que no se corresponden con la naturaleza excepcional de este procedimiento".

Esto ha llevado a que en los siete meses de 2021 no se haya tramitado ni un sólo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que hay empresas 7 meses sin cobrar. La portavoz Popular explica que "aunque algunos de esos 16 contratos caducados acaban de licitarse, aún no están en vigor y, por tanto, se suman al listado de impagados desde diciembre de 2020. Entre las empresas afectadas por impagos de este equipo de gobierno está la empresa de mantenimiento de colegios y limpiezas de instalaciones, que acumula más de 2 millones de deuda o la del Servicio de Recaudación a la que se le deben alrededor de 1,75 millones. También fuera de contrato está la gestión del Centro de mayores Columbretes y se le deben 128.099,16 euros o del Centro Urban con 165.091,36 euros pendientes de abonar el Ayuntamiento. Y más ejemplos: la gestión del servicio municipal de transportes, el servicio de grúas, el de las guarderías, el servicio de socorrismo, el servicio de mantenimiento de vía pública o de campañas deportivas, cuya deuda de éste último asciende a 58.353,6 euros".

Redondo ha destacado que el informe de la Sindicatura de Cuentas que la la voz de alarma a la Intervención municipal sitúa a Castellón en el segundo puesto de entre los 65 Ayuntamientos valencianos, de más de 20.000 habitantes, que más Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (RECS) es decir, que más pagos de forma irregular tramita y, lo que es peor, el 98% de los expedientes fueron informados desfavorablemente. En 2020 fueron 11,6 millones en RECS, que desde el Partido Popular venimos denunciando y al final, tanto la Intervención, como la Sindicatura de Cuentas nos ha dado la razón".

El concejal Popular Juan Carlos Redondo ha incidido en el contrato caducado, desde el 2017, del servicio de recaudación. "Los ingresos presupuestados por impuestos para este año 2021 son más de 95,6 millones de euros, es decir, el 50% de los ingresos de este Ayuntamiento los gestiona una empresa que lleva 7 meses sin cobrar", señala.

Para Carrasco "es lamentable que el equipo de gobierno de Amparo Marco se vaya a ir de vacaciones dejando a las trabajadoras del SAD sin cobrar y a tantas otras empresas que tampoco obtendrán liquidez si no se empieza a regularizar la situación. Ésta es una consecuencia más de un gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos que está en sus peleas internas, pero no en resolver los problemas de los castellonenses. Nadie ha pedido el derribo de la cruz del Ribalta, ni que cambien el nombre a la ciudad, ni que se haga la reforma de la avenida de Lidón, sin embargo, es lo que prioriza este gobierno tripartito a pesar de la pandemia", insiste Carrasco.

"Exigimos que la misma responsabilidad que se le exige a los castellonenses a la hora de cumplir con sus obligaciones para que a final de mes puedan cobrar, se aplique a la alcaldesa y a los concejales de gobierno, porque a la hora de embolsarse cada año 78.000 euros la alcaldesa y 63.000 euros anuales cada uno de sus concejales, les da igual la situación en la que dejan a las empresas castellonenses y a las miles de familias que dependen de ellas", concluye la líder de los Populares en la ciudad de Castellón.