Carrasco: "Amparo Marco adeuda al menos 5 millones de euros a proveedores con contratos caducados"

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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha vuelto a mostrar su apoyo, por segundo jueves consecutivo, a las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que han vuelto a protestar en la plaza Mayor exigiendo a la alcaldesa que pague a la empresa adjudicataria de la que dependen los 7 meses y casi 800.000 euros que le debe. Las proclamas de las manifestantes se han colado en la sesión plenaria que se ha celebrado hoy llegando a oídos de todos los asistentes, también de la alcaldesa.

La portavoz Begoña Carrasco ha denunciado la gravedad de una situación a la que se ha llegado "por la dejadez de funciones de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, formado por PSOE, Compromís y Podemos, que ha llevado a que la empresa esté sin contrato desde 2019".

En esta misma situación de impagos, generada por la deficiente gestión del equipo de gobierno, se encuentran otras pymes para quienes no cobrar en tiempo y forma puede suponer el cierre.

En la misma situación de impagos se encuentran otras 16 grandes contratas del Ayuntamiento que siguen generando facturas irregulares e impagadas, además de los contratos caducados de pequeñas y medianas empresas, "a las que no cobrar en tiempo y forma del Ayuntamiento les puede suponer el cierre, porque hay quienes no cobran desde diciembre del año pasado por la deficiente gestión en materia de contratación pública. Este gobierno municipal adeuda al menos 5 millones de euros a proveedores con contratos caducados. Hay contratos caducados desde 2017 como el del servicio de recaudación o el servicio de limpieza e inspección de la red de alcantarillado. Por no trabajar cuando tocaba, ahora las consecuencias las pagan las empresas castellonenses que están sin cobrar", apunta Carrasco.

Otros contratos vencidos son el del servicio de control analítico de las masas de agua de la Marjalería; el servicio de funcionamiento y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales o el servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos en la vía pública, por citar algunos.

Carrasco advierte: "Esta serie de impagos que genera el equipo de gobierno lleva a que trabajadoras como las del SAD no tengan más remedio que ir a la huelga el 5 de agosto. Las mismas que prestan un servicio esencial para más de 200 usuarios dependientes en la ciudad. Es una consecuencia más de la inoperancia de este gobierno municipal. La deuda que Amparo Marco mantiene con los proveedores tiene consecuencias directas sobre los más vulnerables".

Y añade: "Éstas trabajadoras solo reclaman cobrar por el trabajo realizado, en muchos de los casos el sueldo de estas mujeres es el único que entra en casa y no pueden permitirse dejar de cobrar una sola nómina. Para la alcaldesa y los concejales del equipo de gobierno, que se subieron el sueldo un 50% nada más llegar, dejar de percibir una mensualidad no supone nada cobrando 78.000 euros anuales en el caso de la alcaldesa y 63.000 euros anuales cada uno de sus concejales, pero para estas familias supone un verdadero problema".

Para Carrasco resulta intolerable que "mientras el gobierno tripartito da prioridades al derribo de la cruz el Ribalta, a cambiar el nombre de la ciudad o a reformar la Avenida de Lidón cuando nadie lo ha pedido, haya personas a las que se está dejando atrás", concluye Carrasco.