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Burriana solicitará su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios
El consistorio de la capital de la Plana Baixa busca establecer un foro de debate y análisis junto a la FVMP para abordar la problemática de la ocupación ilegal y la falta de agilidad normativa.
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 27-01-2026
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Una de cada cuatro viviendas vacías no sale al mercado por miedo de los dueños a sufrir una ocupación
El Ayuntamiento de Burriana solicitará formalmente a través del próximo Pleno adherirse a la red de municipios afectados por la ocupación – Red MAO. Aprobada por decisión del Consejo de la FVMP, este organismo tiene como objetivo apoyar a los ayuntamientos en la toma de decisiones encaminadas a abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas, estableciendo un espacio y un foro de debate, análisis y consulta que permita conocer la dimensión del problema y buscar soluciones concisas a la hora de plantar cara la ocupación ilegal.
La realidad demuestra que la regulación normativa no da una solución rápida y eficaz, la ocupación ilegal supone un freno a la oferta de vivienda para alquilar por parte de algunos propietarios que optan por no ofrecer sus inmuebles por la indefensión, agravando la actual crisis de vivienda que sufre el conjunto del país. Cabe recordar que una de cada cuatro viviendas vacías no sale al mercado por miedo de los dueños a sufrir una ocupación o inquiokupación, y por ello, desde las entidades públicas debemos caminar para ofrecer mayores garantías a los propietarios para que puedan sacar al mercado esas viviendas.
El problema de la ocupación ilegal de viviendas además genera una gran alarma social, crea conflictos de convivencia y afecta especialmente a las administraciones locales en sus áreas de vivienda, protección y seguridad ciudad, así como a los servicios sociales municipales. “Frente a la falta de agilidad de la justicia, el infractor sabe que su actuación no tiene consecuencias o son tardías mientras el propietario que contaba con un complemento de ingresos debe de hacer frente a unos gastos como luz, agua, tasas que pueden suponer una asfixia económica”, ha valorado el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer.
Desde el consistorio de la capital de la Plana Baixa se considera que la “okupación ilegal de viviendas es una problemática que afecta de manera directa a la convivencia vecinal, a la seguridad jurídica de los propietarios y a la tranquilidad de muchas familias, por lo que resulta fundamental que las administraciones dispongan de herramientas legales claras y eficaces para actuar frente a estas situaciones”, ha detallado el primer edil.
La ocupación ilegal es un delito que vulnera derechos fundamentales y atenta contra la dignidad de las personas y las víctimas deben ser acompañadas en este duro proceso. Por ello, cabe recordar que el consistorio de la capital de la Plana Baixa está abanderando medidas disuasorias y preventivas para evitar estas conductas ilícitas en la ciudad. El propio Ayuntamiento ya creó a principios de 2024 la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación. Esta oficina de apoyo a propietarios afectados por la ocupación de viviendas está supervisada por un oficial de la Policía Local que asesora a los vecinos de Burriana que hayan sido víctimas tanto de usurpación, allanamiento o incluso por el continuo impago de rentas por parte de un arrendatario, que finalmente se convierte en lo que se conoce como “Inquiocupa”.
Asimismo, a través de la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación, también se ofrece asesoramiento para la prevención de este tipo de conductas delictivas a todo el que esté preocupado porque su vivienda pueda ser ocupada, aconsejando para que no entren okupas y ofreciendo estrategias efectivas para evitar las ocupaciones.
Además, Monferrer ha afirmado recientemente su confianza en que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Senado, que plantea “clarificar el marco legal para permitir el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente, pueda avanzar y ser debatida en el Congreso de los Diputados”. La propuesta aprobada en la Cámara Alta, que se apoya en criterios judiciales ya existentes que avalan este tipo de medidas en casos de usurpación o allanamiento, busca evitar que el propietario de una vivienda ocupada de forma ilegal se vea obligado a mantener y sufragar servicios como el suministro de agua, luz o gas, dotando de mayor seguridad jurídica a quienes sufren este tipo de situaciones.
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