Adelgazamiento de la Administración

Autor: Manuel Altava Lavall, Portavoz de Justicia del PP en el Senado

El Partido Popular es un partido político liberal y reformista. En esta línea, el Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado la reforma de la Administración para adaptarla a las necesidades de los ciudadanos. Por ello, la Administración General de Estado ha comenzado a adaptarse al Plan de Austeridad racionalizando dicho sector público y su número de personal de dirección.

Así, una de las primeras medidas del Gobierno fue la reducción de altos cargos y personal directivo con un ahorro de cinco millones de euros y puso en marcha un Plan de racionamiento del sector público y fundacional con el que redujo 80 sociedades.

Las administraciones públicas deben redimensionarse para adaptarse a la sociedad actual ofreciendo las mismas prestaciones de calidad. En diez años, el número de funcionarios en las administraciones públicas ha crecido en un 20%: en total, 440.000. Ni la población ni sus necesidades han crecido proporcionalmente.

Como ya lo ha hecho la administración central, CCAA y ayuntamientos deben adaptarse también al plan de estabilidad presupuestaria, esto es, no gastar lo que no se tiene. Las administraciones son la base del bienestar de los ciudadanos, por lo que el objetivo debe ser garantizar su sostenibilidad para que sigan cumpliendo dicho servicio.

El Gobierno de la nación ha anunciado también poner en marcha un Estatuto del directivo público para acabar con el vacío legal actual sobre las funciones de este colectivo regulando la vinculación entre el personal directivo y la administración y el desarrollo de los procesos de selección, entre otros asuntos.

De esta manera, la reforma de la Administración eliminará duplicidades y solapamientos, siendo su máxima: una administración, una competencia y, para ello, uno de los primeros pasos es clarificar las competencias, especialmente la de la administración local a fin de proteger su salud financiera.

Por su parte, las Diputaciones Provinciales se prevé que gestionen los servicios obligatorios del 95% de ayuntamientos de localidades con menos de 20.000 habitantes. Esta medida garantizará que los ciudadanos nunca vean mermados sus derechos y prestaciones básicas por el hecho de vivir en pequeñas localidades. Y, en este sentido, Javier Moliner, Presidente de la Diputación Provincial y próximo presidente del Partido Popular provincial ya ha manifestado que así se ofrecerá un servicio más eficiente, se eliminará burocracia y se aprovecharán al máximo los recursos disponibles.

En definitiva, se asegura la sostenibilidad de los servicios públicos mediante un nuevo modelo de financiación de la administración local que, entre otras cosas, ha supuesto la ampliación de su financiación con el plan de pago a proveedores, incrementándose su partida en los Presupuestos Generales de Estado que la semana pasada aprobamos en el Senado y su ampliación a 10 años para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 en el camino de conseguir la incentivación de nuestra industria y de nuestros sectores productivos agrícola, ganadero y turístico con base en los Fondos Europeos.

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