Sí tocaba

Autor: Vicent Aparici, Vicesecretario de Organización PP de Castellón

Hoy la Diputación de Castellón está más viva que nunca y dispuesta a tirar del carro la primera para que la provincia salga cuanto antes de la crisis… a pesar de que el PSOE se empeñe meter el palo en las ruedas.

Es inútil este intento por parte de los socialista de evitar una convocatoria con los 135 alcaldes de la provincia, tan necesaria para todos, porque se va a celebrar igualmente después de las elecciones generales. Lo único que consiguen es retrasar la reunión con todos los alcaldes de la provincia cuando el tiempo no nos sobra.

Las incongruencia que vive el PSOE en su seno les ha dejado en una situación de debilidad tan extrema que incluso eluden un debate que han iniciado ellos. Ni Javier Moliner, ni el PP, tenemos ninguna duda acerca de la vigencia absoluta de las diputaciones, pero eso no significa que no haya que buscar fórmulas para mejorar su eficacia en el servicio a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Y ahora, que plantean sus dudas, se niegan a debatirlas en un foro tan legítimo como es frente a los 135 alcaldes a los que nos debemos. Lo que no querían era ver como alcaldes socialistas podían intervenir en esta reunión de alcaldes, lo que ellos interpretaban como una deslegitimación del discurso de Rubalcaba.

En cualquier caso, el que sí se ha deslegitimado absolutamente es Francesc Colomer. No sé cómo ha sido capaz de presentarse dos legislaturas para ser el portavoz de la oposición en la Diputación si no cree en ella. Bueno sí, tal vez sea por mantener un sueldo después de que sus compañeros les quitasen el que esperaba obtener en las Corts, y por intentar dinamitar esta institución desde dentro.

Lo que Colomer ve como un acto insólito es fruta de la más pura lógica. Si queremos ser más útiles para los ayuntamientos y para sus vecinos, ¿qué mejor que preguntar a quienes precisamente les representan? Solo alguien como el portavoz socialista puede ser capaz de ver como insólito lo que es de una lógica aplastante.

Si no, ¿de qué otra forma se puede entender la deslealtad manifiesta, no con Javier Moliner, sino contra la propia Diputación, cuando solicita una junta de portavoces urgente para debatir sobre la jornada de trabajo en Cabanes y, por detrás, están preparando su boicot a la misma? El día 11 registran petición para convocar de forma urgente una junta de portavoces para que, textualmente, “puedan aportar sus propuestas”. El día 13 por la mañana --el 12 era festivo-- les convocamos para el mismo viernes 14, cuando podría haberse negado el presidente si su intención hubiese sido meramente electoralista. ¡Cuál es nuestra sorpresa cuando, nada más salir de esa junta, ya estaban enviando un escrito solicitando la impugnación del acto, fechado el día 13, que luego tachan a bolígrafo para poner 14 y no quedar en evidencia!

Moliner ya le dijo a Colomer el mismo día de su toma de posesión como presidente de la Diputación que quien quisiese colaborar le tendría a su lado, pero que quien buscase solo la confrontación con mala fe le tendría de frente. Pero, en vista de que a Colomer no le interesan nada ni la provincia, ni sus alcaldes, que sepa que ahora le va a encontrar de frente.

El PSOE deberá, ahora, explicar porque prefiere dejar abandonados a su suerte a sus alcaldes antes que buscar fórmulas que contribuyan a aliviar sus carencias y las de sus vecinos. En cualquier caso, que no se preocupe, que los ciudadanos sí que les van a explicar el 20-N a los dirigentes socialista que es lo que piensan de esta actitud, se lo van a dejar bien claro.

Con todo, y respetando la decisión de la Junta Electoral, que no hemos recurrido, precisamente, porque nuestra intención no era politizar este encuentro, hay algo que no compartimos. Y es el hecho de no poder debatir ni respaldar ideas, sobre instituciones legítimas recogidas en la Constitución. Entiendo que se abre una peligrosa senda que puede llevar al absurdo de impedir, por ejemplo, una reunión con los enfermeros porque esté en cuestión el sistema sanitario; o la firma de un convenio con los profesores porque los candidatos incluyan en sus programas propuestas que les afectan.

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