Sales: "En ningún documento previo de la relación de documentos facilitada aparece la necesidad que justifique recurrir a ninguna empresa externa ni por qué se propone esta firma y no otra."

[Galería de Imagenes]

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, solicitará información sobre "por qué y en base a qué se recurrió a una tercera empresa externa, la firma Alt165, para asesorar técnicamente al equipo de gobierno de Amparo Marco en el procedimiento administrativo de licitación y contratación de la sala de emergencias del consistorio, en lugar de recurrir al equipo del propio Ayuntamiento, como se realiza habitualmente".

Así lo ha anunciado al término de la celebración de la nueva sesión de la comisión no permanente de estudio y extraordinaria para analizar el gasto de 1,6 millones de euros por parte del equipo de gobierno de PSPV y Compromís en una sala de emergencias de la Policía Local que no funciona en los términos anunciados, así como otros contratos sobre equipamiento de los policías locales, y viajes al extranjero. En dicha comisión también participa el concejal del Grupo Municipal Popular Sergio Toledo.

Sales recuerda que la empresa en cuestión tiene la sede social en el mismo pueblo de la comunidad de Madrid que la empresa que finalmente acabó adjudicándose tres de los cuatro lotes en los que se fraccionó el contrato de ejecución de la nueva sala de emergencias.

"A la vista de un primer análisis somero y rápido de los casi 3.000 folios de material que se nos ha facilitado hoy, lo que hace difícil entrar en detalle, hemos detectado ya algunas lagunas que pediremos nos sean resueltas en la próxima sesión de la comisión. Lástima que no vaya a poder ser hasta el 17 de enero, como finalmente ha acordado la mayoría de los miembros de la comisión no permanente de estudio, y una razón más que nos demuestra que estábamos en lo cierto cuando pedíamos que se mantuviera la cadencia de celebrar citas cada 15 días, tal y como estaba estipulado inicialmente, puesto que en este tipo de reuniones intermedias se podrían resolver dudas, pedir la información adicional y, desde luego, agilizar los plazos para llegar cuanto antes a la verdad, que es el objetivo último que persigue el Partido Popular en este órgano de fiscalización extraordinario de la gestión del equipo de gobierno de Amparo Marco en materia de seguridad", ha subrayado.

Las primeras dudas detectadas tienen que ver con que en un informe de la Jefa del Negociado de Compras y Suministros del Ayuntamiento de Castellón, fechado el 22 de septiembre de 2016, se recoge, en su punto tercero, que "en fecha 15 de septiembre de 2016 se incorpora al expediente el pliego de prescripciones técnicas que regula la contratación suscrito por Nicolás Luján Sansón, de la mercantil Alt165 SL, y con el conforme del intendente general jefe del Ayuntamiento de Castellón".

"En ningún documento previo de la relación de documentos facilitada aparece la necesidad que justifique recurrir a ninguna empresa externa ni por qué se propone esta firma y no otra. Es más, todos los documentos previos inmediatamente anteriores facilitados llevan por fecha los días 7, 19 y 21 de septiembre de 2016. Y en ninguno, a priori, se expresa la necesidad de recabar el asesoramiento técnico de terceros. Esta es una de las primeras cuestiones que pediremos nos sean resueltas", avanza Sales, quien además recuerda que "esta mercantil tiene su sede social en el mismo pueblo de la comunidad de Madrid que la misma empresa que posteriormente se adjudicó tres de los cuatro lotes de construcción de la sala de emergencias, lo cual ya resulta curioso, por no utilizar otros calificativos", ha indicado.

Asimismo, el Partido Popular también solicitará los informes técnicos que justifiquen la necesidad de tener que invertir "900.000 euros" en "la contratación integral de la sala de centro de atención de emergencias del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castellón", puesto que "en el informe de necesidad se habla de que el motivo de renovar la sala es por "la dispersión de canales de coordinación e información", e incluso se habla de "reutilización, instalación, configuración e integración de los sistemas" que están disponibles, caso del videowall, mientras que en el pliego de prescripciones técnicas elaborado por la mencionada mercantil posteriormente habla de "sistemas informático y comunicaciones obsoletos, descatalogados o no integrados", máxime "cuando el sistema se había renovado en fechas relativamente recientes y en aquel momento ya utilizaba uno de los sistemas más modernos del mercado, como era el sistema Séneca de Telefónica".

"Son muchas dudas y contradicciones en muy poco tiempo, y una muestra más de que es mucho el trabajo que vamos a tener que aplicar para, con rigor y estudio, ir clarificando todas las cuestiones y contradicciones que resultan llamativas, que no son pocas", ha añadido Vicent Sales.

Hay que recordar que la documentación que ha facilitado hoy el equipo de gobierno tiene que ver con el expediente 30916/2016 relativo a los contratos de suministro y equipamiento integral de la sala del centro de atención de emergencias y de la plataforma informática integral multiagencia. Este es uno de los expedientes que se analizará en la comisión no permanente de investigación que el Partido Popular solicitó crear y fue aprobada el pasado 18 de septiembre, con carácter extraordinario, para analizar una serie de contratos y gestiones del área de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, y que abarcan por el momento un total de 7 expedientes.

El objetivo es "desde el rigor y la seriedad, conocer el uso de 1,6 millones de euros de inversión de fondos del Ayuntamiento de Castellón solo en el caso de la sala de emergencia de la Policía Local, a los que se suman otros contratos menores y otros gastos del área, como los viajes al extranjero de los cargos políticos y mandos policiales", añade el edil del PP de la ciudad de Castellón.

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN

Hay que recordar que el origen en la petición de la creación de una comisión no permanente de investigación extraordinaria son los casi 2 millones de euros que el gobierno municipal de Amparo Marco lleva gastados desde el año 2016 en la nueva sala de emergencias de la Policía Local de la ciudad de Castellón, ubicada en el recinto de Tetuán XIV, una inversión que presenta múltiples problemas de funcionamiento.

"Todas las noticias que llegan son contradictorias. De un lado, el equipo de gobierno del PSOE afirmaba en el año 2017 contar con unas instalaciones de última generación que ya prestaban servicio a los castellonenses. Del otro, los agentes de la Policía Local vienen denunciando que el sistema de comunicaciones viene fallando continuamente, precisamente cuando más se necesita. Es decir, cada vez que, por ejemplo, se producen situaciones de inclemencias meteorológicas, como las ocurridas en octubre de 2018 o hace escasos días, a finales de este agosto de 2019", indica Vicent Sales, "lo que obliga a los agentes a comunicarse por el sistema convencional de WhatsApp".

Lo último conocido ha sido una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, "por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala", añade Sales, "y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones". Precisamente, en este sentido, en la Junta de Gobierno Local del pasado 31 de octubre, el tripartito acordaba el desistimiento de dicho contrato, precisamente para acatar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

"A esto se unen otras cuestiones también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. También queremos saber el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación", subraya.

La próxima sesión de la comisión de investigación de la sala de emergencias tendrá lugar el 17 de enero de 2020, en contra de la opinión del Partido Popular, que solicitaba que se mantuviera la periodicidad quincenal que fue aprobada en la constitución del foro de trabajo de los grupos políticos, por lo que la siguiente sesión hubiese sido el 13 de diciembre.