Presupuestos Generales del Estado para el 2012

Autor: Manuel Altava Lavall, Portavóz de Justicia del PP en el Senado

El viernes pasado el Gobierno aprobó el Proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Unos presupuestos austeros y equitativos para superar la mala situación económica que dejó el anterior gobierno socialista. El Gobierno prioriza el ajuste presupuestario en el gasto público: En 2011, el gobierno socialista gastó 90.000 millones de euros por encima de sus ingresos y aumentó 2,5 puntos el déficit comprometido con Europa.  El objetivo de reducir el déficit público que dejó el gobierno socialista obliga al gobierno del PP a reducir en 27.300 millones de euros el gasto público.

Ante esta condición ineludible para recuperar el crecimiento económico, el Gobierno reparte el esfuerzo de manera equitativa. Así, se protegen los derechos básicos de los ciudadanos manteniendo la actualización de las pensiones; la prestación por desempleo; la financiación del gasto; congelando el sueldo de los funcionarios, no reduciéndolo y combatiendo el fraude fiscal dado que las rentas no declaradas pagarán un 10% más. Además, se mantiene la financiación de las partidas destinadas a políticas sociales y de seguridad recortando un 17% de media el presupuesto de cada ministerio lo que supone un recorte de 17.800 millones de euros. Así, el gasto de los ministerios queda en 68.000 millones de euros.

El gobierno de Mariano Rajoy reparte el esfuerzo fiscal de manera equitativa protegiendo protegiendo el consumo, el crecimiento económico y la creación de empleo dado que no se incrementa el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); tampoco se sube el tipo impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sólo las empresas más grandes verán aumentado el Impuesto de sociedades. Y, además, se protegen los derechos básicos de los ciudadanos ya que prevén mantener la actualización de las pensiones; la prestación por desempleo; la financiación del gasto. La prioridad del Gobierno es recuperar el crecimiento con medidas equilibradas para los ciudadanos.

Se pretende también que Administraciones públicas, operadores y consumidores sumen sus esfuerzos para acabar con el déficit tarifario del sistema energético: El sistema eléctrico afronta un déficit tarifario acumulado de 24.000 millones de euros heredado del Gobierno socialista. El Tribunal Supremo obliga a limitar el déficit del sistema a 1.500 millones de euros anuales, hasta llegar al déficit cero en 2013. Por eso, el Gobierno redistribuye el esfuerzo del ajuste entre consumidores, administraciones públicas y operadores eléctricos teniendo los consumidores que pagar un 7% más de tarifa; si el esfuerzo recayera sólo en los consumidores, sería de casi un 40% más.

Y, por último, el Gobierno sienta las bases para acabar con la litigiosidad y garantizar una atención judicial gratuita a los ciudadanos aumentando las tasas judiciales de los ciudadanos con más recursos, ingresos que se destinará a financiar la asistencia judicial gratuita.

En fin, un cúmulo de medidas idóneas para que España vuelva a desarrollar una economía productiva y volver a tener la credibilidad mundial que tuvo en el gobierno de José María Aznar.

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