Nadie dijo que fuera fácil

Autor: Miguel Barrachina Ros, Vicepresidente de la Diputación de Castellón

Las recientes medidas anunciadas de reducción del gasto público son el principio indispensable de un duro camino de reforma de un país económicamente inviable. España, sus autonomías y buena parte de los ayuntamientos, han quedado, tras siete años de socialismo, al borde del colapso. Para entender la entidad del problema, pondré solo un ejemplo numérico; cuando el gobierno anterior equivoca su déficit y en lugar de ser del 6% es del 8%, significa que el agujero anual crece en 20.000 millones de euros, o lo que es igual, en lugar de que el gobierno de Rubalcaba y Chacón gastase 60.000 millones de euros de más en 2011, se les ha ido la mano en 80.000 millones.

¿Y como corrige Rajoy ese desliz? Reduciendo los gastos en 9.000 millones y aumentando los ingresos –IRPF e IBI- en 6.000 millones, y aun faltan 5.000 millones para cerrar el último agujero Zapatero. En la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra tiene un problema adicional, que es que nuestra autonomía ha venido siendo la penúltima financiada en los diez últimos años, lo que representa que cada año hemos estado percibiendo mil millones menos que la media nacional.

Por ello, las medidas de ambas administraciones, antes la Diputación que preside Javier Moliner había ya reducido su presupuesto en un 10%, que tienen carácter transitorio, son indispensables, primero para llegar a fin de mes y, segundo, porque son el principio de la revisión de un sector público desmedido.

En ese objetivo de redimensionar el sector público para cooperar a la mayor productividad nacional, que junto al endeudamiento es el otro gran problema de España, me parece destacable la iniciativa del Gobierno valenciano de vincular sueldos de cargos políticos al déficit, la supresión de las 23 embajadas en el exterior y la reducción de los entes públicos de 46 a 6.

Es el principio. Tan solo reduciendo dimensión y gasto corriente en nuestro sector público se podrá devolver la iniciativa al ámbito privado sin cuya generación de empleo es posible mantener la calidad de los servicios educativos y sanitarios actuales.

 

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