Más de 10.000 firmas

Autor: Merche Mallol, Portavoz del PP en Alcora

Estas tres últimas semanas han sido especialmente intensas en el Ayuntamiento de l’Alcora. El trabajo de todos los partidos políticos, técnicos municipales, la plataforma No a la Contaminación y asociaciones de vecinos, permitió que el pasado viernes se presentara ante la Conselleria de Medio Ambiente el recurso de alzada contra la autorización ambiental integrada concedida a la empresa de tratamiento de residuos de l’Alcora. Es la primera vía legal administrativa de que disponemos para impedir que se construya una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en nuestro municipio, y agotaremos todas las que nos queden.

El equipo de gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Tras diversas reuniones con los responsables de la Conselleria, ha quedado constancia de que el pueblo, unido, defiende la voluntad de no permitir que la misma persona que hasta ahora ha gestionado la mercantil Reyval, dirija una planta de incineración que requiere de unos controles de seguridad mucho más exhaustivos.

El malestar más notable entre la ciudadanía es, precisamente, que conociendo de las múltiples irregularidades que el empresario ha cometido, se le haya dado luz verde para gestionar una incineradora. No hace falta ser técnico o abogado para saber que actuar al margen de la legalidad, como se ha hecho en la planta Reyval, comporta graves riesgos para la población, y los vecinos no estamos dispuestos a someternos a más peligros innecesarios. Somos conscientes de que los residuos deben ser eliminados, pero cumpliendo con la legalidad. Y, sobre todo, abogamos por una gestión responsable. La máxima preocupación del Ayuntamiento es la salud de sus vecinos y la conservación del medio ambiente que permite extraer de él el sustento para poder vivir.

La sociedad ha respondido y se ha movilizado para ser escuchada. En tan solo ocho días se han recogido 10.214 firmas que rechazan la incineradora. En ellas también se incluyen vecinos de diferentes municipios de la comarca de l’Alcalaten y de la provincia, que han mostrado su apoyo incondicional. Ahora quien ha de pronunciarse es la Administración autonómica.

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