El objetivo del déficit

Autor: Manuel Altava Lavall, Portavoz de Justicia del PP en el Senado

En el Consejo Europeo celebrado la semana pasada se adoptó asumir los acuerdos que España había reclamado como claves para su crecimiento. Mariano Rajoy había requerido en Bruselas más Europa y las mismas reglas de juego para todos a fin de garantizar el bienestar y crecimiento de España.

Esta demanda se traducía en una unión bancaria, prioritariamente, con un supervisor único que establezca las mismas normas para todos. El compromiso del Consejo Europeo en este sentido es clave para garantizar la estabilidad de dicho proyecto.

El objetivo que tiene fijado el Gobierno es que España cumpla con sus compromisos de déficit para poder empezar el camino de la recuperación que pasa por reducir el déficit al 6.3% este año; al 4.5% en 2013 y al 2.8% en 2014. No es nada fácil y por eso, se han de adoptar medidas que puedan hacer cumplir ese objetivo y nos permitan hablar de recuperación. No obstante, el esfuerzo más grande para reducir el déficit ya se ha adoptado y tendrá efectos entre 2012 y 2013.

Un presidente debe tomar las decisiones en función del interés general de todos los ciudadanos, nunca bajo presión; por eso, no se pueden tomar decisiones respecto a la ayuda europea de España en función de las diferentes opiniones de otros países.

A fin de conseguir esos objetivos de déficit, el Gobierno impulsará la competitividad española con medidas de apoyo a la exportación y turismo dado que ambos son sectores clave en la recuperación. Las exportaciones han crecido un 4,1% y se han abierto nuevos mercados, gracias a lo cual el déficit comercial ha bajado un 23% hasta agosto. Y, el turismo ha dejado un superávit de 17.459 millones hasta julio, con más de 25 millones de turistas de enero a junio.

El Gobierno también está prestando especial atención al sector agroalimentario con dos reformas que eliminan trabas que obstaculizaban su desarrollo. Dichas empresas han crecido más de un 50% pero la volatilidad de sus precios y la poca capacidad negociadora de las cooperativas agroalimentarias ponen en peligro su estabilidad y modernización. Por ello, se han regulado los desequilibrios de precios y malas prácticas en la cadena alimentaria fomentándose
la fusión de las 4.000 cooperativas españolas que existen actualmente para que puedan competir con los niveles de facturación europeos.

Y, aquí en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra ha dado un nuevo gran paso para la reducción del sector público empresarial y fundacional aprobando el Pleno del Consell un Decreto-ley que redimensiona plantillas y marca criterios para la integración del personal en las nuevas estructuras adaptándolas a la actual situación económico-financiera bajo los criterios de eficacia, eficiencia y mantenimiento de servicios públicos esenciales. Así, se han reducido 46 entes desde el inicio de esta legislatura pasando de 76 entidades a seis áreas funcionales en las que se integran 25 entes, más cinco sociedades con participación minoritaria, lo que supone una reducción de personal próxima al 40% sobre unos efectivos totales de 7.555 empleados que significa un ahorro estimado en gastos de personal de entre 85 y 100 millones de euros.

Medidas todas ellas necesarias para dotar a España y a la Comunitat Valenciana de la credibilidad y confianza imprescindible en estos momentos.

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