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Vicente-Ruiz, diputada provincial del PP, lamenta que el PSOE ejerza de verdugo de los avances conseguidos por especialistas y docentes, y reivindica la libertad de las familias
El Grupo Popular en la Diputación Provincial ha salido en defensa de las familias con hijos con discapacidad intelectual tras el anuncio del PSOE de echar el cierre a estos centros en un plazo de diez años. Según establece la Disposición Adicional Cuarta del anteproyecto de Ley Educativa, estos colegios trasladarán a su alumnado a los centros ordinarios y solo se mantendrán aquellos "cuyos alumnos requieran una atención muy especializada".
Elena Vicente-Ruiz, diputada provincial del PP, ha exigido al PSPV en la Diputación que garantice "la continuidad de la prestación del servicio excelente y profesional que durante muchos años viene prestando el centro de Educación Especial de Penyeta Roja". Este colegio, dependiente de la Diputación Provincial, "asiste, forma y educa a decenas de alumnos que el PSOE pretende ahora llevar a centros ordinarios".
Esa decisión, "la deben tomar las familias, nunca el PSOE. Aunque está claro que al Gobierno de Pedro Sánchez le gusta más imponer su criterio que escuchar a los que realmente deberían opinar sobre este asunto: familias y expertos".
Desde el PP en la Diputación Provincial, "vamos a estar al lado de las familias, defendiendo sus derechos por encima de quienes los vetan, y reclamando la continuidad de este centro más allá de 2030", fecha prevista por el PSOE para ejecutar el cierre.
Vicente-Ruiz ha lamentado por último el uso del estado de alarma "para tramitar esta adicional con el objetivo de silenciar a las familias y docentes". "Es una muestra más de la impúdica política de un Gobierno de España que durante esta pandemia ya nos ha acostumbrado no solo a las mentiras sino, lo que es más grave, a la censura y el control de la crítica. Es la ley del silencio".
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