Vicente-Ruiz, diputada provincial del PP, lamenta que el PSOE ejerza de verdugo de los avances conseguidos por especialistas y docentes, y reivindica la libertad de las familias

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El Grupo Popular en la Diputación Provincial ha salido en defensa de las familias con hijos con discapacidad intelectual tras el anuncio del PSOE de echar el cierre a estos centros en un plazo de diez años. Según establece la Disposición Adicional Cuarta del anteproyecto de Ley Educativa, estos colegios trasladarán a su alumnado a los centros ordinarios y solo se mantendrán aquellos "cuyos alumnos requieran una atención muy especializada".

Elena Vicente-Ruiz, diputada provincial del PP, ha exigido al PSPV en la Diputación que garantice "la continuidad de la prestación del servicio excelente y profesional que durante muchos años viene prestando el centro de Educación Especial de Penyeta Roja". Este colegio, dependiente de la Diputación Provincial, "asiste, forma y educa a decenas de alumnos que el PSOE pretende ahora llevar a centros ordinarios".

Esa decisión, "la deben tomar las familias, nunca el PSOE. Aunque está claro que al Gobierno de Pedro Sánchez le gusta más imponer su criterio que escuchar a los que realmente deberían opinar sobre este asunto: familias y expertos".

Desde el PP en la Diputación Provincial, "vamos a estar al lado de las familias, defendiendo sus derechos por encima de quienes los vetan, y reclamando la continuidad de este centro más allá de 2030", fecha prevista por el PSOE para ejecutar el cierre.

Vicente-Ruiz ha lamentado por último el uso del estado de alarma "para tramitar esta adicional con el objetivo de silenciar a las familias y docentes". "Es una muestra más de la impúdica política de un Gobierno de España que durante esta pandemia ya nos ha acostumbrado no solo a las mentiras sino, lo que es más grave, a la censura y el control de la crítica. Es la ley del silencio".