Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, invita al PSPV a aclararse: "Las asociaciones a las que les niegan las ayudas merecen una explicación coherente"

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El Partido Popular en la Diputación Provincial de Castellón ha registrado hoy una pregunta escrita al PSPV para que haga públicos los criterios que el presidente de la Diputación utiliza para "negar ayudas a entidades benéficas y, sin embargo, crear 29 nuevas subvenciones nominativas". La consulta se presenta después de que en el pleno del pasado miércoles el presidente de la Diputación, José Martí, reclamara a todos los grupos de la corporación provincial "hacer pedagogía en contra de este tipo de ayudas y luego, en su despacho, no tenga complejos en crear y otorgar 29 nuevas ayudas a dedo".

Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, ha reclamado hoy "coherencia" a un presidente que "dice una cosa y hace la contraria". El martes 26 la vicepresidenta de la Diputación, la socialista Patricia Puerta, anunciaba el fin de las ayudas a dedo que no dudaba en calificar de "chiringuitos políticos". El miércoles 27, el propio presidente de la Diputación y su diputado de Hacienda, Santiago Agustí, animaban al resto de formaciones "a no tener miedo" para acabar con un sistema discrecional que "tiene los días contados". Sin embargo, la realidad era bien distinta, porque "mientras predicaban por delante, por detrás Martí se ha dedicado a firmar cerca de una treintena de ayudas a dedo".

Desde el PP consideran que "las 54 entidades a las que Martí ha decidido retirar las ayudas merecen una explicación coherente". "Porque si el supuesto argumento era la eliminación de las subvenciones nominativas y los convenios singulares, dicho por ellos mismos en aras de una supuesta igualdad de oportunidades, no tiene sentido que creen 29 nuevas concesiones".

Asociaciones como El Cau se han quedado sin el convenio que les permitía atender a menores con Trastorno de Espectro Autista a través de las nuevas tecnologías, dotado con 21.000 euros, y desarrollar el programa piloto de atención temprana, al que le suspenden los 20.000 euros. En el caso de la Fundación Salud y Comunidad, el Centro de Baja Exigencia II (CIBE), recibía una inversión de 30.000 euros para reducir los daños y atender los riesgos derivados del consumo de drogas. Es idéntica la situación de otros colectivos, como la Asociación Fray Luis Amigó, de Segorbe, a la que le niegan los 9.000 euros que el PP les concedía para atender situaciones de inadaptación social de menores o Quisqueya, en Onda, que le retiran los 8.000 euros. Decisión tomada, según el presidente del PSPV, "por tratarse de chiringuitos políticos del PP".