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El PP propone que el Gobierno asuma el coste de las desaladoras de Castellón como hizo en Cataluña
Martínez (PP): "Vamos a reivindicar lo que es justo para la provincia de Castellón y para nuestros vecinos"
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 17-01-2020
Los populares presentarán una PNL para que se apliquen criterios de igualdad y el Gobierno asuma el coste ante la incapacidad de los ayuntamientos para hacerlo
El Partido Popular va a presentar de manera formal ante el Congreso de los Diputados una propuesta para que el Gobierno central asuma el coste de las obras de las desaladoras ante la inviabilidad de los ayuntamientos a asumir este coste. Una medida que el Gobierno central ya ha tomado en comunidades autónomas como Cataluña.
Tal y como ha explicado hoy el senador nacional del PP, Vicente Martínez, "desde Castellón lo único que queremos es el mismo trato que con otras comunidades autónomas ya que los ayuntamientos no pueden asumir el canon que se les exigió en su día".
En este sentido, el senador ha advertido que el Grupo Popular presentará una PNL (Proposición No de Ley) para que se debata "y se aplique un criterio de igualdad a los ayuntamientos afectados".
Cabe recordar que en 2008 el Gobierno del PSOE impuso unos preacuerdos a los ayuntamientos para instalar las desaladoras. "Pero pasados tantos años la realidad es otra completamente distinta y estamos a tiempo de solucionar un grave problema que puede hipotecar los problemas que devienen de esta mala gestión realizada por Gobiernos socialistas".
Esta propuesta surge tras una reunión con los alcaldes y portavoces del PP quienes consideran que la imposición que se puso en su día a los Ayuntamientos es inasumible en la actualidad para las administraciones locales "y el Gobierno debe implicarse y tomar medidas".
Cabe recordar que los ayuntamientos implicados (Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Oropesa y Cabanes) tuvieron que firmar un pre acuerdo en 2008 con Acuamed ya que en caso de no firmarlo no podían solicitar licencias de obra o, por ejemplo, no se aprobaba la instalación de empresas en el término municipal. Pero, "la realidad de 2020 es muy distinta a la de 2008 ya que el proyecto de entonces contempla un crecimiento urbanístico irreal" por lo que "los vecinos de cinco municipios no pueden ser rehenes de una decisión equivocada", advierte Martínez.
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