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Altava aboga porque las Comunidades Autónomas contribuyan en el diseño del mapa judicial de su territorio
El portavoz de Justicia defendió la modernización de la Ley de Demarcación y Planta Judicial iniciada ya por el Gobierno pero “con el añadido” de que las CCAA, “como actores implicados”, tengan capacidad para influir en su distribución final
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 25-04-2012
El portavoz de Justicia del Grupo Popular Manuel Altava ha defendido hoy en el pleno del Senado la necesidad de reformar “de manera integral” la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial
El portavoz de Justicia del Grupo Popular Manuel Altava ha defendido hoy en el pleno del Senado la necesidad de reformar “de manera integral” la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial porque “ha cumplido ya casi 24 años de vigencia” y, aunque “ha sido una buena ley”, es necesario acometer cambios estructurales que adecuen la norma al contexto actual y, en consecuencia, la modernicen.
Tras indicar que el Ministerio de Justicia ya constituyó una comisión con este objetivo y que, de hecho, está previsto que el próximo mes de octubre presente su primer borrador, Altava destacó que la “mejora” que aporta la moción presentada por el GPP es la de instar al Gobierno a que “tenga en cuenta a las Comunidades Autónomas” a la hora de efectuar esa modificación.
Una reforma que, pivotando sobre los principios de “eficacia y equidad”, tiene como objetivo influir en la actualización del modelo judicial, uno de los aspectos que, junto con la gestión eficaz y la seguridad jurídica, deben ser objeto de la revisión integral que necesita la Justicia para dar respuesta a las demandas que hace la ciudadanía, dijo el senador por Castellón.
Según explicó Altava Lavall, “necesitamos una política consensuada de modernización que responda a un deseo finalista de transformación que produzca cambio en los sentimientos de los ciudadanos acerca del funcionamiento de nuestra Justicia”.
En este sentido y tras recordar que el PSOE ya “dio los primeros pasos” en esta dirección, apeló a la búsqueda de consenso entre todos los grupos políticos, (finalmente fue aprobada por mayoría aunque con el voto en contra de los socialistas) para instar al Gobierno a redactar un Proyecto de Ley al objeto de modificar el ámbito territorial de la demarcación y planta judicial pero teniendo muy presente la opinión de las Comunidades Autónomas; ya que éstas son, según recalcó, las que “mejor conocen su territorio, tanto en lo que a distancias y tiempos de desplazamiento se refiere como a condiciones orográficas”, lo que en la provincia de Castellón debe suponer, según el senador “el mantenimiento de los cinco partidos judiciales: Vinaròs, Castellón, Vila-real, Nules y Segorbe”.
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