Aguilella: “La nota interpretativa del director general de Prevención de Incendios Forestales ni tiene valor normativo ni quien la emite tiene competencia en materia de residuos."

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El caos sembrado por el Gobierno de España entre los agricultores con la prohibición de las quemas de restos vegetales en el campo a través de la ley 7/2022, amenaza con perpetuarse de la mano de un Consell que la pasada semana emitía una instrucción ante la polémica medida que hoy es calificada por expertos jurídicos como “esperpento administrativo”. Conforme al artículo 27 de la Ley 7/2022 la quema de restos de poda está prohibida, siendo completamente indiferente que los municipios cuenten con planes locales de quema.

Así lo define la compañía esPublico, plataforma que asiste a los equipos técnicos de los ayuntamientos, y a la que muchos municipios se han dirigido para saber cómo actuar en caso de que los agricultores se dirijan al consistorio a solicitar autorizaciones para quemas de restos vegetales.

Tal y como advierte la plataforma, “la nota interpretativa del director general de Prevención de Incendios Forestales ni tiene valor normativo ni quien la emite tiene competencia en materia de residuos. Por consiguiente, no debe ser tenida en cuenta y, si se aplica, será bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento”.

La plataforma esPublico, que asiste jurídicamente a los equipos técnicos de los ayuntamientos, resuelve que “la nota interpretativa del director general de Prevención de Incendios Forestales ni tiene valor normativo ni quien la emite tiene competencia en materia de residuos”. “No debe ser tenida en cuenta”

Esta circunstancia provoca, “todavía más si cabe, dudas en la administración local a la que el Consell considera canal para tramitar las autorizaciones que sí o sí deberán ser dadas por la dirección territorial de Transición Ecológica de cada provincia”.

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, lamenta “que la incapacidad del PSOE esté ejerciendo de lastre y castigo no solo para los agricultores. También para la propia administración, que se encuentra con una instrucción que, tal y como señala la citada compañía, no tiene ningún valor”. “Es urgente que se modifique la ley, tal y como hemos conseguido proponer en Diputación a través de una propuesta del PP convertida en declaración institucional, y elevado al Congreso en forma de Proposición No de Ley (PNL)”. Es urgente “que se suspenda del articulado la disposición que prohíbe las quemas. Esa que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto sin un diálogo previo creando un problema alarmante a quienes ya de por sí están sometidos al abandono del actual gobierno”.