Tierra

Autor: Elena Vicente-Ruiz, secretaria general PPCS

Mi abuelo, Vicente Climent Casanova, era agricultor. Recuerdo verle de pequeña en el tractor, me contaba historias del campo, que mi madre se empeñaba en ir con él cuando era pequeña y que se dormía debajo de un naranjo, sobre una manta y la devolvía a casa con el primer labrador que volvía.

Recuerdo sus conversaciones sentados alrededor de una mesa camilla. Él, bebiendo a sorbos un café, me contaba los tipos de naranja que conocía, para un trabajo del cole, mientras yo hacía pajaritas con el papel del azucarillo. Le recuerdo siempre pensando en un futuro mejor para sus hijas, con la mirada puesta siempre en el cielo y los pies en la tierra.

Hoy no corren mejores tiempos para nuestra agricultura. El cultivo de cítricos ha reducido su extensión desde el año 2012, un 3,7% menos, sin embargo ha aumentado la producción, pasando de 557.214 toneladas en el 2012 hasta las 790.350 en el año 2016. A nivel laboral, la agricultura emplea más de 20.000 personas. No solo supone una vía de ingresos para muchas familias sino que es un sector que imprime un valor sentimental incuestionable.

Ayer la Plataforma por la dignidad del agricultor, convocó una manifestación en más de 30 municipios de nuestra provincia por la defensa de la citricultura, una concentración en la que han participado ayuntamientos, cooperativas, sindicatos, asociaciones y que ha movilizado a la sociedad entera que sufre por el desamparo de un sector que nos genera orgullo de pertenencia y que es patrimonio de toda la provincia.

La Diputación de Castellon no podía quedarse al margen de este sufrimiento colectivo. Por eso, Javier Moliner mantuvo una reunión la jornada previa a la convocatoria para mostrar el apoyo incondicional del gobierno provincial, no solo para dar visibilidad a su reivindicación, sino también para construir oportunidades de futuro para nuestras clementinas.

Es imprescindible que todos vayamos unidos para que haya futuro para el sector citrícola, pero también lo es que cada uno ha de asumir su responsabilidad. Por eso le pedimos a Pedro Sánchez que invoque la cláusula de salvaguarda que permite frenar importaciones crecientes cuando se produzca un perjuicio económico, que no castigue más a la Comunitat Valenciana tacañeando agua, que no suba el impuesto del diésel que justamente afecta a los vehículos agrícolas, o que exija las mismas condiciones fitosanitarias a los productos importados.

Estoy convencida que, como mi abuelo, los agricultores siguen con la mirada siempre en el cielo y los pies en la tierra, solo que esta vez, a su lado encontrarán una provincia entera, 135 latidos, y un corazón único.

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