El auto del tribunal conocido insiste en que conocer el contenido de los sobres es fundamental para confirmar que enviaron papeletas y propaganda electoral de su partido en los comicios europeos de 2014

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“Los castellonenses podrán conocer que Ali Brancal y Enric Nomdedéu mintieron acerca del contenido de los sobres”. Así se ha manifestado el concejal del Grupo Municipal Popular y miembro de la Comisión de Gobierno Abierto y Participación en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, después de que la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana haya desestimado el recurso de apelación promovido por la defensa de Enric Nomdedéu y Ali Brancal, ambos de Compromís, investigados por un presunto delito de corrupción.

El auto, que se ha conocido hoy mismo, recoge que el tribunal “desestima” el recurso de apelación promovido por ambos líderes de Compromís contra el auto dictado el 22 de octubre de 2018 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, “confirmando íntegramente la resolución recurrida y aquella de la que proviene, con imposición a los apelantes de las costas de esta alzada”.

“La desestimación del recurso presentado por los responsables políticos de Compromís Ali Brancal y Enric Nomdedéu, en el proceso judicial que se sigue contra ellos y por el que están siendo investigados por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento público, tendrá como consecuencia poder conocer la presunta comisión, o no,  de delitos de los que serían responsables”, ha defendido Vicent Sales.

“Por más que repitan una mentira, no la van a convertir en verdad. La única realidad es que ambos dirigentes políticos están imputados, porque un tribunal considera que hay indicios de delito que merecen ser investigados”, continúa.

“A pesar de los esfuerzos por ocultar la verdad que están llevando a cabo Ali Brancal, la concejala del Ayuntamiento de Castellón y exvicealcaldesa de Amparo Marco; y Enric Nomdedéu, exconcejal del Ayuntamiento y actual secretario Autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, los vecinos de esta ciudad podrán conocer si realmente utilizando el dinero de todos los castellonenses para distribuir propaganda y papeletas electorales”, insiste Sales.

“Si no tienen nada que ocultar, como afirman, lo que tienen que hacer es dejar de poner trabas a la Justicia y permitir que se abran dichos sobres, con el fin de que se sepa qué contenían. Lo contrario solo son maniobras de distracción que dicen muy poco a su favor. Afortunadamente, así lo entiende el tribunal, quien permitirá llegar hasta el fondo de este asunto”, añade.

Hay que recordar que ambos mandatarios de Compromís están imputados en un proceso judicial que investiga si ambos remitieron a los domicilios de Castellón con cargo al presupuesto municipal propaganda electoral de las elecciones europeas de 2014, así como las papeletas y sobres de la candidatura de Compromís.

“Ni tienen la dignidad política que pregonan ni respetan a los castellonenses cuando hablan acerca de transparencia”, ha declarado Sales, quien recuerda que, “a pesar de que Ali Brancal estaba imputada, tardó 8 meses en abandonar su puesto de vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Castellón, como marca el Código de Buen Gobierno que ellos mismos impulsaron, un proceso en el que incluso llegó a abstenerse Amparo Marco y sus concejales socialistas, en contra de lo fijado en dicho documento”, afirma Sales.

Hay que recordar que “ninguna de las partes ha puesto en duda, ni siquiera los recurrentes, que los sobres sean falsos, que no procedan del Ayuntamiento, que el membrete no sea el oficial y ni siquiera, se cuestiona el importe de los sobres como consecuencia del peso, de su contenido y del número de sobres remitidos a la vista de la factura aportada”.

Asimismo, Sales destaca que el auto del tribunal subraya que “el contenido de las comunicaciones referidas corresponde al concepto legal y constitucional de envío postal, no se trata de correspondencia privada, y a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, queda fuera del ámbito de tutela constitucional”. También que “la apertura de la correspondencia se acuerda en el seno de un proceso penal seguido por un presunto delito de malversación, y resulta necesaria y proporcionada para el esclarecimiento de los hechos”. “El auto apelado no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni el de tutela judicial efectiva, sino que se limita a llevar a cabo la investigación legalmente atribuida de unos hechos puestos de manifiesto en virtud de querella”, continúa el auto en sus razonamientos jurídicos. Como también que “el mero trascurso del tiempo” puesto de manifiesto en el recurso no permite desvincular la correspondencia en cuestión con el envío llevado a cabo en mayo de 2014: “En tanto no trascurran los plazos de prescripción establecidos en la Ley, hay obligación legal de seguir la instrucción para el esclarecimiento de los hechos”.

“El auto judicial confirma que los sobres han de abrirse y conocerse su contenido, pues es una prueba imprescindible para corroborar o descartar los indicios de criminalidad iniciales”, ha dicho Vicent Sales, quien pide “a Compromís que deje trabajar a la Justicia”.