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Las desaladoras de Castellón entran a debate en el Congreso por la presunta financiación irregular del PSOE

El diputado nacional por el PSPV-PSOE, Artemi Rallo, quien fuera alto cargo del gobierno de Zapatero durante los años que se están investigando, se niega a dar ninguna explicación

Gabinete de prensa del PP Castellón | 12-04-2018

Escudero ha pedido explicaciones al diputado nacional del PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, Artemi Rallo.

Escudero ha pedido explicaciones al diputado nacional del PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, Artemi Rallo.

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El caso sobre la supuesta financiación irregular del PSOE que está siendo investigada actualmente por cuatro juzgados de la Comunitat Valenciana ha llegado al pleno del Congreso de los Diputados por la importancia del asunto.

La portavoz del Partido Popular en la comisión sobre la financiación de los partidos políticos, Beatriz Escudero, ha pedido explicaciones al diputado nacional del PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, Artemi Rallo. Sin embargo, el diputado castellonenses se ha negado a dar ninguna explicación.

Desde la tribuna de la cámara baja, Escudero ha instado al diputado socialista por Castellón, quien fuera alto cargo del gobierno de Zapatero durante los años que se están investigando, "que explique qué está pasando con la financiación de las campañas del señor Zapatero y de su jefe Ximo Puig en Valencia".

Así la portavoz del PP en la comisión ha pedido a Rallo que "nos hable de las dos desoladoras de la provincia de Castellón -que fueron construidas en Moncofa y Oropesa durante el gobierno de Zapatero, porque en la investigación judicial están diciendo que muchos millones que tenían que haberse ido a esas desoladoras se han ido a la financiación de las campañas del PSOE y de Compromís".

Cabe recordar que las desoladoras de Moncofa y Oropesa, con una inversión de más 100 millones de euros, son las únicas obras que llegaron a Castellón con los gobiernos socialistas. La información que ha aparecido en medios de comunicación en las últimas semanas apuntan que varios contratos de adjudicaciones de aguas podrían haber servido para financiar campañas de publicidad de las desaladoras instaladas en la provincia de Castellón, con un montante de 400.000 euros.

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