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El presidente provincial del Partido Popular de Castellón, Miguel Barrachina, se ha reunido hoy con los representantes de la APECC (Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón) para abordar el nuevo decreto que ha aprobado la Generalitat y que va en contra de la economía y del sector de la construcción.

Barrachina, acompañado por la senadora del PP, Salomé Pradas, así como la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, y el coordinador general del PP, Luis Martínez, han recibido al presidente de la APECC, Fernando Alonso.

Barrachina ha señalado que el PP está estudiando interponer un recurso de inconstitucionalidad al Decreto-ley de tanteo y retracto de Vivienda que prepara el Consell "si no hay voluntad de negociación" porque regula derechos que son competencia del Estado y que, por lo tanto, "genera inseguridad jurídica" para familias, empresas y "está haciendo que todas las operaciones de compra-venta se paralicen".

Barrachina se ha referido de esta manera en la Junta de Síndics sobre el Decreto Ley que prepara el vicepresidente segundo y responsable de Vivienda, Martínez Dalmau, y ha adelantado que se solicitará que se tramite como Proyecto de Ley porque "infringe gravemente el ordenamiento jurídico, leyes civiles y la Constitución". Se trata de un texto "claramente inconstitucional porque no da seguridad jurídica en un momento en el que la Administración tiene que dar seguridad a las familias, a las empresas que se dedican al alquiler, a la adquisición de vivienda y a la construcción, a un sector que genera empleo y riqueza".

Desde el PP, "apelamos al sentido de responsabilidad del PSOE y que no se deje arrastrar por Podemos, porque este Decreto-ley es manifiestamente inconstitucional y hace que todas las operaciones de compra-venta de inmuebles estén paralizadas en la Comunitat Valenciana. Esperamos que el PSOE sea capaz de parar esta propuesta".

Barrachina ha señalado que el parque de vivienda pública de la Comunitat Valenciana tiene 2.000 viviendas ocupadas ilegalmente y unas 1.000 viviendas  desocupadas y ha señalado que además, se pueden "buscar fórmulas de colaboración pública-privada para poner viviendas a disposición de los más vulnerables".