Carrasco también avanza que solicitará conocer el importe exacto y el método con el que se ha seleccionado la contratación de los servicios de una asesoría externa, concretamente de la catedrático González Cussac.

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Las fiestas de Castellón deben estar por encima de la política, la manipulación y de los intereses electorales. Por este motivo, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón exige a la alcaldesa Amparo Marco y al conjunto de los concejales que conforman el ‘Pacte del Frau’ que “pidan perdón al món de la festa por criminalizarlo con una comisión de investigación en la que queda claro que no hay ni indicios de delito”.

Así se ha puesto de manifiesto en una comparecencia pública de la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, en la que ha estado acompañada por siete de los 8 concejales que conforman el grupo, con el ánimo de “gritar ¡Basta ya!” a los tres años de “estrategia barriobajera de descrédito hacia nuestro partido y al trabajo que hemos venido realizando por la ciudad y sus vecinos, sin importarles llevarse por delante a todas las asociaciones, colectivos, entidades… que trabajan por sacar adelante la celebración de los festejos en nuestra ciudad”.

Los populares han comparecido después de que se haya conocido las conclusiones del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Castellón, en el que se acredita que no hay ningún indicio de delito en la gestión de las fiestas de la ciudad.

“Se trata de personas honradas, honestas, trabajadoras, que lo único que hacen es trabajar en la mayoría de ocasiones de forma altruista para que tengamos unas fiestas lo más grandes posible, en beneficio del conjunto de la ciudad, y a los que la alcaldesa está haciendo tanto daño con su campaña de descrédito con el único objetivo de controlarlos, intervenirlos y someterlos”, ha indicado Begoña Carrasco.

Asimismo, la portavoz popular también ha avanzado que solicitará conocer el importe exacto y el método con el que se ha seleccionado la contratación de los servicios de una asesoría externa, concretamente de la catedrático González Cussac: “No vamos a saber nunca cuánto cuesta el tiempo que se ha perdido, tanto por parte de los funcionarios de la casa, que no han podido dedicar su trabajo a las cuestiones realmente importantes, la gestión de las demandas de los vecinos, ni el tiempo de las personas que han tenido que ir a declarar al tribunal de la inquisición que fue la comisión de investigación. Pero desde luego vamos a preguntar cuánto ha costado”.

Asimismo, durante la comparecencia de los concejales del Partido Popular ante los medios, han constatado que el objetivo último ha sido “dilatar” los plazos “para ganar tiempo”, con el único proprósito de obtener “rédito electoral”. “Han sido tres años de portadas, titulares, noticias, declaraciones y acusaciones hacia el PP que ahora se ha demostrado que no tenían ningún fundamento”, ha indicado el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Juan José Pérez Macián. En este sentido, ha recordado que la comisión se abrió el 29 de octubre de 2015 y se prorrogó hasta el 24 de abril de 2017, a su vez que las conclusiones no se votaron hasta el pleno de diciembre. Y por si fuera poco, aún se alargó más con el encargo de un informe jurídico y un externo.

“El dictamen del catedrático se firmó el 30 de julio de 2018, y el informe de la asesoría jurídica municipal el 3 de septiembre. Sin embargo, la alcaldesa no autorizó la entrega de la documentación hasta el 24 de septiembre, “evidentemente para ganar tiempo y cocinar una respuesta que le permitiera a la alcaldesa salir airosa de un resultado que se le ha puesto absolutamente en contra”, ha agregado Pérez Macián.

“La alcaldesa Amparo Marco está haciendo mucho daño con su campaña de descrédito y criminalización a los colectivos de la fiesta, con el único objetivo de controlarlos, intervenirlos y someterlos”, concluye Begoña Carrasco.