La concejala y senadora Pradas recuerda que sobre este derecho civil valenciano pesa un recurso de inconstitucionalidad y se suma al manifiesto que promueve la Associació de Juristes Valencians que exigía la retirada de estos recursos.

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El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Castellón ha presentado una declaración institucional al próximo pleno municipal para que la Generalitat Valenciana garantice la competencia para legislar sobre el derecho civil. El objetivo de la iniciativa plenaria es que uno de los puntos clave de la Ley Orgánica 1/2006 de la Reforma del Estatut d’Autonomia se active y, “de este modo, igualarnos al resto de pueblos de tradición foral, acabando con esta injusticia”, afirma la concejala popular y senadora por Castellón Salomé Pradas.

Pradas recuerda que Les Corts Valencianes aprobaron la Ley 10/2007, de  20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial; la Ley 5/2001, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (conocida como la Ley de Valenciana de Custodia Compartida); y la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.

“Estas leyes –comenta Pradas-- fueron objeto de recurso de institucionalidad por parte del Gobierno de España. Frente a estas acciones legales, la Associació de Juristes Valencians impulsó en junio de 2015 un manifiesto que exigía la retirada de estos recursos y defendía el derecho civil valenciano, documento que presentó en 173 municipios, entre entidades y asociaciones, para pedir su respaldo.

Más de 155 ayuntamientos, que representan a 3.800.000 valencianos, se han sumado vía mociones y declaraciones institucionales a esta petición, además de Les Corts Valencianes, el Consell, las tres diputaciones y diversas instituciones y entidades públicas y privadas, desde las universidades a sindicatos pasando por asociaciones culturales.

“Una muestra tan patente de la voluntad de una sociedad no fue suficiente para que el Gobierno de España retirara los recursos de inconstitucionalidad, ni tan siquiera para iniciar una negociación que pusiera fin a un conflicto que dura más de tres siglos”, comenta la edila popular.

En estos momentos, informa Pradas, la Comunitat Valenciana solo puede legislar en el ámbito de las costumbres agrarias, “cuando precisamente el Estatut quiso deliberadamente, tanto en la redacción de 1983 como en la reforma de 2006, que los valencianos tuviéramos un derecho civil propio que diera respuestas ágiles, modernas y propias a los problemas de los valencianos y liquidar la injusta discriminación que sufrimos como pueblo desde la abolición de los fueros en 1707”.

Ante esta aspiración social histórica, “desde el PP proponemos al pleno del Ayuntamiento que apoye la competencia de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho Civil valenciano, tal y como está previsto en el Estatut d’Autonomia valenciano, y solicitamos a Les Corts Valencianes que tomen la iniciativa de la reforma de la Constitución para que la competencia en materia de derecho civil prevista en nuestro Estatut d’Autonomia, aprobado tanto por Les Corts Valencianes como por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la Constitución Española”.