Vicente-Ruiz: "Desde el PPCS velaremos para que no se cierre ninguna oficina porque hará más difícil el trabajo que realizan agricultores y ganaderos en la provincia de Castellón"

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El Partido Popular de la provincia de Castellón ha mostrado su rechazo al proyecto de orden elaborado por el Consell de Ximo Puig para modificar las oficinas comarcales de agricultura (OCAPA) que pasarían de ocho a dos en toda la provincia de Castellón.  Por ello, el diputado autonómico, José Ramón Calpe, pedirá mañana explicaciones en Les Corts a la consellera de Agricultura.

Estas oficinas, en marcha desde 1993, prestan asesoramiento a ganaderos y agricultores, un sector con una importancia vital para nuestro territorio, que requiere del apoyo de las administraciones públicas.

En la provincia de Castellón existen ocho áreas con sede en trece municipios. Así, están la oficia de Els Ports en Morella que tiene sede también en Villafranca; la de Vinaròs y la del Maestrat en Vall d'Alba con sede también en Torreblanca; la oficina de L'Alcalatén en Lucena; la oficina de la Plana Baixa en la Vall d'Uixó con sede también en Nules; la oficina de la Plana Alta en Vila-real y sedes en Castellón y Onda; la oficina del Alto Palancia en Segorbe y la del Baix Maestrat en Sant Mateu.

Con la decisión del Consell, de las ocho áreas en la provincia de Castellón solo se mantendrán como oficina las de Vila-real y Vinaròs; desaparecen definitivamente las oficinas de Torreblanca, Castellón y Onda, mientras que el resto de las oficinas pasarán a ser auxiliares y prestarán sólo funciones de registro. El diputado diputado autonómico del PPCS, José Ramón Calpe, ha denunciado que "con el cierre de las oficinas desaparece, por una parte, la cercanía con el ganadero y el agricultor".

El cierre de las oficinas obligará a los agricultores y ganaderos a desplazarse desde el interior para realizar cualquier trámite o recibir asesoramiento. Así, los vecinos de Morella y Villafranca deberán acudir a la oficina de Vinaròs; o desde la comarca del Alto Palancia deberán desplazarse a Sagunto, lo que "supone un ataque sutil a la estructura provincial al desvincular una comarca de Castellón, que pasarán a depender de Valencia y queda muy lejos para los agricultores y ganaderos de Montanejos".

Para el diputado castellonense, "esta decisión del Consell supone alejar la administración de los ciudadanos y es una muestra del cinismo del gobierno de Ximo Puig que anuncia una agenda antidespoblación y en lugar de mantener estas oficinas, decide cerrarlas o dejarlas solo como puntos de registro".

Para la secretaria general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz, "se trata de un castigo más a la provincia de Castellón porque si el Consell desmantela las oficinas conseguirá que uno desista de hacer gestiones y se tenga que plantear otro tipo de economía". Para la responsable popular, esta medida va en contra de todos los esfuerzos que está realizando la Diputación de Castellón para frenar la despoblación de los municipios del interior, por ello "desde el PPCS velaremos para que no se cierre ninguna oficina porque hará más difícil el trabajo que realizan agricultores y ganaderos en la provincia de Castellón".