Barrachina: "Esta medida pone la espada de Damocles sobre los territorios que están a punto de ver sus carreteras liberalizadas"

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El Partido Popular ha sido el único partido que ha votado, hoy en el Congreso de los Diputados, en contra de la iniciativa del gobierno de Sánchez que abre la posibilidad de cobrar el peaje de la autopista AP-7 una vez finalice la concesión. PSOE, Podemos y Ciudadanos han votado a favor.

En concreto se ha ratificado el RDL 18/2018 publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2018 que literalmente afirma "se reforma la Ley de carreteras para dar cobertura de rango legal al cobro de peajes por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. (SEITTSA),  al asumir, en su caso, la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido o que reviertan al Estado. Por ello, para continuar la explotación de determinadas autopistas y permitir, en su caso, la explotación de otras se estima necesario contar con una norma legal que ampare la percepción por SEITTSA de los nuevos peajes que, al amparo del artículo 22 de la Ley de Carreteras, apruebe el Gobierno."

El presidente del Partido Popular de la provincia de Castellón y portavoz de Fomento en el Congreso de los Diputados, Miguel Barrachina, ha asegurado que "a través del real decreto de medidas urgentes en materia de carreteras, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre, el gobierno socialista de Sánchez da rango legal al cobro de peajes de la sociedad pública al asumir la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido, como las radiales, y las que revertirán, las cinco autopistas que llevan 40 años con peajes".

"En la oposición como en el gobierno el Partido Popular siempre ha defendido lo mismo; las nueve radiales que no están amortizadas debían haber sido ya relicitadas y las cinco autopistas amortizadas tras cuarenta años de pago y que afectan a las provincias de Burgos, Alava, Sevilla, Cádiz, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida y Zaragoza  deben quedar libres de pago" afirmó Barrachina.
Barrachina ha asegurado que, con ello, "los vecinos de Castellón, Valencia y Alicante saben, que con esta modificación aprobada por el Consejo de Ministros, el gobierno les va poder cobrar por el uso de la autopista AP-7".  Para el líder del PPCS, "esta medida pone la espada de Damocles sobre los territorios que están a punto de ver sus carreteras liberalizadas".

"Solo el Partido Popular -ha señalado- hemos votado en contra de una decisión que carga contra familias, trabajadores y empresarios que usan a diario la autopista para realizar sus gestiones comerciales, lo que supone, junto al impuesto al diésel y la subida de la cuota de los autónomos, un nuevo mazazo de los socialistas a los transportistas, muchos de ellos autónomos".

Así pues, el mandatario popular castellonense ha señalado que "a las palabras del ministro de Fomento, que ha dicho en sede parlamentaria lo contrario de lo que ha publicado el BOE, le doy crédito cero, el mismo que hoy le dan al Gobierno de España la Comisión Europea, el FMI y la OCDE".

Asimismo, Miguel Barrachina ha exigido al ministro Ábalos que cumpla su promesa de bonificar el peaje de la AP-7 que ya disfrutan en Cataluña desde el 2 de septiembre. El presidente del PPCS ha recordado que "ésta es la primera vez que, con el dinero del gobierno de España y sin aportación de una comunidad autónoma, se aplica una medida discriminatoria y se convierte en frontera lo que siempre ha sido un límite provincial".

Cabe recordar que la ministra portavoz anunció el pasado 1 de septiembre que "en los próximos días" se extendería la bonificación de la AP-7 en Cataluña a la Comunitat Valenciana y Murcia. "Sin embargo, aquellos días se han convertido en semanas y las semanas en meses y los 16 millones de euros del presupuesto del Partido Popular, que el PSOE votó en contra, siguen estando sin ejecutar".

El presidente del PPCS ha señalado que "el gobierno de Mariano Rajoy ha sido el único que tras 40 años no prorrogó la concesión de las autopistas. Lo anunció en 2012 Ana Pastor y lo cumplió Íñigo de la Serna al liberar el peaje de la autopista entre Burgos y Vitoria porque el proceso de licitación que se tenía haber iniciado hace dos año y no lo iniciamos".