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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha reaccionado ante la posibilidad que, por primera vez en tres meses, plantea el gobierno municipal de desconectar el sistema de control de vehículos de acceso al centro mediante 14 cámaras, que multa a los no autorizados con 200 euros cada vez que atraviesan la zona acotada. "El tiempo acabará por dar la razón a todos los que llevamos meses pidiendo que se apaguen las cámaras para evitar que el corazón de la ciudad se apague. Menos hablar y que Amparo Marco desconecte las cámaras ya, los vecinos están cansados de las palabras, hay que pasar a los hechos", ha insistido.

"Se trata de un clamor de la mayoría de castellonenses que rechaza un sistema con un único fin recaudatorio en plena época de crisis y que ya han notado en primera persona incluso vecinos que habían renovado recientemente su autorización para acceder con sus vehículos al centro y les han seguido multando. También han protestado residentes en el centro a quienes no se les ha enviado notificación alguna por parte del gobierno municipal informando previamente del nuevo sistema de cámaras, y se han visto en la tesitura de tener que pagar hasta 4.000 euros en multas en 20 días, por acceder a su parking", recuerda Carrasco.

"Van a cumplirse tres meses de la medida impuesta con nocturnidad y alevosía por el gobierno de Amparo Marco, cuyo fin recaudatorio está minando los bolsillos de los castelloneneses con multas de 200 euros y, ¿aún necesitan pensar si se deben desconectar o no?"

"Es un clamor entre los residentes, hosteleros, comercio local, personas con movilidad reducida, autónomos, que se ven obligados a pasar por caja y después recurrir las multas. No hay derecho"

Y añade: "No solo es un problema para los residentes, principalmente afectado está el comercio local, que ya se ha manifestado en contra hasta en dos ocasiones; la hostelería  confirma el efecto rechazo que provocan las cámaras a los posibles clientes, los negocios de la calle Campoamor lamentan que además de las duras restricciones de limitación de aforo y horarios, sin además disponer de terrazas, las cámaras son la puntilla a su agónica situación. Las personas con movilidad reducida también están en contra, sus vehículos adaptados son sus piernas y las cámaras, una barrera más en su lucha por la accesibilidad. Incluso para los autónomos y servicios a domicilio, que por el mero hecho de trabajar se ven obligados a pasar por caja y, después reclamar que les quiten las multas. Es todo un despropósito, no hay derecho".