El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno febrero un total de seis iniciativas, que pretenden contribuir a mejorar la vida de los castellonenses.

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El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno febrero un total de seis iniciativas, que pretenden contribuir a mejorar la vida de los castellonenses. Éstas ahondan en sectores clave como el de la industria cerámica, la sanidad o la cultura, entre otras, y obligarán a posicionarse a todos los partidos políticos.

Aunque serán seis propuestas las que debatirá el Pleno -el número máximo permitido para cada formación política-, inicialmente los populares llevaron a la Junta de Portavoces 8 propuestas, fruto del trabajo constante de los concejales del Grupo Municipal Popular.

La portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha aclarado: "Las dos que se quedarán en el tintero, por haber sido vetadas en la Junta de Portavoces, serán, por un lado la Declaración Institucional que abogaba por la consolidación del empleo de los funcionarios interinos de la Policía Local. Su aceptación por parte de todos los grupos hubiera permitido instar al Consell a que incluyera esta demanda en el texto definitivo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, que está tramitándose actualmente".

Y, en segundo lugar, "tampoco verá la luz en el Pleno del Ayuntamiento una Declaración Institucional que insta a la Generalitat Valenciana a respetar los derechos y libertades de los padres a la hora de elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos".

Los populares recuerdan que el Decreto del Plurilingüismo del Consell, que se implantará a partir del curso que viene, está generando malestar entre la comunidad educativa, hasta el punto de que los sindicatos han presentado recursos contra su reciente aprobación. Además, el Defensor del Pueblo ha hecho pública la admisión a trámite de la queja formal presentada por todos los diputados y senadores del PP contra el decreto del "chantaje lingüístico" educativo valenciano del Consell.
Carrasco: "Ente las iniciativas que ahondan en área sanitaria se aprobará, con toda seguridad, la que fomenta campañas de donación de médula ósea para aumentar el número de donantes en la ciudad de Castellón y, también, la que exige la permanencia del CICU en la ciudad de Castellón frente a las intenciones de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de centralizar el servicio en Valencia y desmantelar el existente en la capital de La Plana".

Con respecto a la iniciativa relacionada con el sector industrial cerámico, los populares esperan contar con el apoyo de todos los grupos políticos para hacer la cerámica más visible en las calles y plazas de Castellón. Que todos los grupos acepten introducir como cláusula el uso de la cerámica de Castellón en las distintas licitaciones de obras y servicios, siempre que sea posible, principalmente en las áreas de Urbanismo, Servicios Urbanos, Movilidad y Ordenación del Territorio.

Las iniciativas culturales pasan por respetar la "Consueta", conforme avala el Consell Valencià de Cultura y que la próxima Romeria de les Canyes, respete las tradiciones históricas y culturales, y "que no se prohíba la entrada en la concatedral de Santa María, a ningún miembro de la corporación, ni entidad festiva, evitando lo sucedido el año pasado", matiza la portavoz popular.

En el ámbito cultural, "esperamos que al haber pedido la comparecencia de la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, ésta de explicaciones acerca de la situación que sufren los músicos de la banda Municipal de Castellón, y que arroje luz y transparencia sobre distintos aspectos que han tensado las relaciones entre los músicos, funcionarios municipales, y el equipo de gobierno".

Por último, pero no menos importante, se debatirá sobre el posible cese del recién nombrado Director de la Oficina de Planificación y Proyección Económica. Un nombramiento unilateral de la alcaldesa, a la misma persona que un año antes renunció a ser concejal, para acabar entrando en el Ayuntamiento, como funcionario, cobrando un sueldo astronómico de 90.000 euros brutos al año.