Carrasco: “La máxima responsable de la seguridad ciudadana es la alcaldesa, quien ha permanecido y permanece callada”

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La portavoz popular, Begoña Carrasco, pone de manifiesto el caos y el desorden del concejal de Seguridad Ciudadana y de Personal, Antonio Lorenzo, al tener tantos frentes abiertos al mismo tiempo.

Carrasco: “Su gestión hace aguas en todas las áreas que son de su competencia. El último ejemplo visible es el abandono de los dos jefes de la Policía Local. Sin olvidar que la máxima responsable de la seguridad ciudadana es la alcaldesa, quien sigue sin decir nada”.

La portavoz recuerda que varios opositores han presentado recursos de alzada contra la oposición de Policía Local, al considerar que se han cometido irregularidades durante las pruebas. Consideran que se ha vulnerado el anonimato, algo que de ser cierto, sería muy grave.

“La inseguridad ciudadana también evidencia su nefasta e ineficiente gestión. Asaltan el Ayuntamiento y todavía no se sabe a ciencia cierta quién facilitó el acceso hasta la azotea a los dos individuos que lanzaron papeletas independentistas sobre quienes se manifestaban pacíficamente por la  unidad de España”.

“Días después y sin haber reaccionado incorporando más vigilancia o medidas de seguridad adicionales, se vuelve a atacar al corazón de la ciudad con actos vandálicos en la fuente de la plaza Mayor. Pese haber sido grabados por las cámaras, el bipartito no tiene interés en que se sepan los autores. Los actos vandálicos se repiten en la Cruz del Ribalta que el bipartito derribará el año que viene, pese haber sido símbolo de los consensos alcanzados durante la transición (en 1979 el Pleno aprobó  que la Cruz rindiera homenaje a todas las  víctimas de la violencia).

A todo ello se suma la polémica en torno a las nuevas bases para la plaza de director de la banda de música municipal. “El bipartito anuló las bases aprobadas en 2015 por sindicatos y grupos políticos en Mesa Negociadora. Los sindicatos han frenado -hasta en dos ocasiones-, las pretensiones de Lorenzo a la espera de un informe de legalidad que no llega y al que él mismo se comprometió. Todo ello deja entrever un  procedimiento sospechoso que podría estar diseñado para contratar a una persona de su confianza y de su mismo color político”.