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Carrasco: “Amparo Marco no puede hoy abstenerse en la votación del Código de Bueno Gobierno a Ali Brancal, solo puede votar sí”

La portavoz recupera las actas en las que la actual alcaldesa y Compromís solicitaban que los ediles inmersos en causas judiciales por corrupción abandonasen temporalmente sus cargos institucionales.

Gabinete de prensa del GM Ayto. CS | 20-12-2018

Carrasco: “Lleva 6 meses mirando para otro lado. Hoy, le pedimos que ejerza de alcaldesa, asuma su responsabilidad y termine con este lamentable espectáculo en el que ha convertido al Ayuntamientocon su autocomplacencia”

Carrasco: “Lleva 6 meses mirando para otro lado. Hoy, le pedimos que ejerza de alcaldesa, asuma su responsabilidad y termine con este lamentable espectáculo en el que ha convertido al Ayuntamientocon su autocomplacencia”

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“La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y los concejales de su grupo, no pueden hoy abstenerse en la votación de la aplicación del Código de Buen Gobierno a la vicealcaldesa Ali Brancal del pleno de esta tarde. Solo puede votar sí, porque las actas de la Comisión no permanente especial para el impulso de medidas de transparencia, buen gobierno y profundización democrática dejó bien clara cuál era su postura ante un posible caso de corrupción a un miembro de la corporación como el que ahora nos ocupa. Por coherencia política solo puede votar a favor y aplicar lo que ella misma defendía”.

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, en el transcurso de una rueda de prensa que el PP municipal ha celebrado con el fin de poner “negro sobre blanco”, con las actas de aquellas sesiones en la mano, lo que defendían cada grupo durante el proceso de revisión del Código de Buen Gobierno, una comparencia en la que ha estado acompañada del portavoz adjunto Juan José Pérez Macián, entonces presidente de dicha comisión, así como de los ediles Vicent Sales y Carlos Feliu, ambos representantes populares en la Comisión de Gobierno Abierto y Participación.

Hay que recordar que la representante de Compromís Ali Brancal está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 2 de Castellón en el denominado ‘caso de los sobres’ por un presunto delito de corrupción política, ya que presuntamente, tanto ella como su compañero de filas y actual secretario autonómico de Empleo en la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, utilizaron el servicio postal municipal para enviar papeletas electorales. Por este motivo, se les acusa de un delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos, por el que fueron a declarar el pasado 11 de julio. Asimismo, hay que recordar que un informe de la secretaria municipal también establece que es preceptiva la aplicación del Código de Buen Gobierno en la actual vicealcaldesa. 

Pérez Macián ha leído, según consta en acta, que el PSOE de Amparo Marco, quien participaba directamente de dicha comisión no permanente, defendía que “en supuestos de imputación en un caso de corrupción” de un miembro de la corporación, había que aplicar “la suspensión cautelar de sus funciones”. También decía que, según el grupo socialista, “existen dos periodos: la imputación, donde se le despojará de competencias, y la apertura de juicio oral, en las que se le pedirá el acta de concejal”.

Asimismo, según el acta, “la propuesta de la señora Marco es decir que el alcalde deberá delegar sus funciones, y en caso contrario, los grupos municipales les instarán a ello”, “curiosamente lo que hemos hecho y por lo que hemos sido criticados”. “Y para más señas, Marco opina que el momento de tomar medidas sería el día en que se va a declarar al juzgado y al salir te dicen si te han imputado o no”.

Las actas que hoy ha desvelado el Partido Popular en rueda de prensa también ponen en evidencia el sainete en el que el PSPV y Compromís han convertido el Ayuntamiento de Castellón.  En este sentido, “Nomdedéu explica que lo que a su grupo le gustaría, y de hecho es lo que han firmado ante notario, es la dimisión inmediata de cargos públicos ante cualquier imputación, pero ante la imposibilidad legal de forzarla, propone destituir de todo cargo representativo o competencias al imputado (…). Todos están de acuerdo que la mejor opción es suspenderle de funciones y competencias”.

Asimismo, Enric Nomdédeu, representante de Compromís, afirmaba “que el alcalde (o concejal) que sea imputado “delegue todas sus competencias que se pueden delegar”. Al tiempo que reclamaba que “el momento de tomar las medidas es en el momento de recibir la notificación”.

Frente a estas posturas incendiarias, las actas revelan cómo el Partido Popular solicitaba que prevaleciera la presunción de inocencia y que no se adoptasen medidas hasta que no se produjera una apertura del juicio oral”, extremo que fue rechazado por todos los grupos en su momento, como consta en la redacción definitiva del Código de Buen Gobierno.

“Por este motivo, es mentira que hoy se vaya a votar dónde poner la línea roja. La línea roja está muy clara, porque así se recoge en el sentir del debate de la revisión y actualización del Código de Buen Gobierno, una modificación y endurecimiento que el PSPV y Compromís promovieron, y que ahora, cuando es para aplicación propia, se niegan a asumir”, denuncia Juan José Pérez Macián.

“La postura de la alcaldesa fue clara en aquel momento y hoy no cabe una abstención. Lo que defendía en su momento y se elevó al Código de Buen Gobierno es simple y llanamente lo que ahora ha de hacer cumplir. Lleva 6 meses mirando para otro lado. Hoy, con sus palabras en la mano, porque así están recogidas en las propias actas de las comisiones, le pedimos que ejerza de alcaldesa, asuma su responsabilidad y termine con este lamentable espectáculo en el que ha convertido al Ayuntamiento de Castellón con su autocomplacencia”, concluye Begoña Carrasco.

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